En 1983 regresó la democracia a Argentina y el presidente Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical (UCR), impulsó el juicio a las juntas militares. Dos años después, Videla y el resto de sus secuaces fueron condenados a prisión perpetua por 504 secuestros, torturas, robos, usurpaciones, esclavización de detenidos y robo de bebés. Pero en 1990, ante la presión militar y el rechazo de la sociedad civil, el entonces presidente Carlos Menem, un peronista que estuvo preso años durante el régimen, indultó a los jefes militares y guerrilleros presos por los delitos de los setenta. Videla guardó entonces un perfil bajo.